La realidad laboral actual, caracterizada por una creciente dificultad en el acceso al empleo, unido a una mayor temporalidad y precariedad laboral, está llevando a que una gran cantidad de personas en edad de trabajar se planteen si el actual Sistema Público de Pensiones será suficiente para garantizar una adecuada jubilación dentro de unas décadas.
El empobrecimiento paulatino de la caja de la Seguridad Social, motivado por la salida de una de dividendos netamente superior a lo que se ingresa en la actualidad, está desembocando en la búsqueda de alternativas que sirvan de complemento a las futuras pensiones mediante sistemas privados de ahorro.
La opción más generalizada siguen siendo los planes de pensiones, dadas las ventajas fiscales que ofrecen, si bien cuentan con la limitación de que el capital invertido estará paralizado y retenido durante un largo periodo de tiempo, hasta que sea rescatado una vez abandonemos el mercado laboral.
En este ámbito, las compañías aseguradoras están llevando a cabo la comercialización de productos alternativos, como los planes de pensión asegurados, con idénticas coberturas y grado de liquidez, pero que presentan la diferencia de que la rentabilidad se encuentra totalmente garantizada aunque, claro está, a unos tipos de interés relativamente menores que en el caso de productos de capital riesgo.
Otro producto alternativo son los planes de jubilación, consistentes en un seguro de vida y ahorro que contempla contingencias como muerte o invalidez, mediante una prima de seguro, o a través de la aportación de una renta periódica cuando se hace efectiva la jubilación de la persona asegurada, si bien esta opción no ofrece desgravaciones con respecto al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En resumen, a la hora de seleccionar el producto más adecuado para complementar nuestra futura pensión del Estado, será preciso llevar a cabo una valoración de las distintas alternativas atendiendo a tres variables fundamentales: rentabilidad, liquidez y fiscalidad.
