Esto ha traído graves consecuencias y complicaciones para la rutina diaria, que ha afectado a escuelas que han tenido que cerrar para mantener la integridad de sus alumnos, carreteras cortadas con el fin de que no se produjesen accidentes y todo tipo de situaciones derivadas de desbordamientos de ríos e incluso fenómenos naturales que han destrozado todo a su paso.

Es el turno de las aseguradoras

Tras el temporal, le toca el turno a las aseguradoras. No está siendo fácil. Las incidencias se encuentran en torno a los dos millares, en relación a casi 7.000 siniestros. Los daños están valorados en 20 millones de euros.

Las centralitas de las aseguradoras están completamente saturadas y muchos de los servicios de urgencia tampoco pueden ayudar porque se encuentran en una situación similar o incluso más grave.

En estos casos las grúas son probablemente las que peor lo tienen. A un precio normalmente fijo por servicio acordado con la aseguradora, en la actualidad no pueden atender todas las peticiones. El problema es que las inundaciones y los derrumbamientos hacen mucho más difícil el trabajo de recuperación de un vehículo que una simple avería en cualquier trayecto por carretera.

En ocasiones se alarga el servicio por más de 3 horas, lo que tiene una doble consecuencia. En primer lugar se pierde la rentabilidad propuesta y, además, muchos otros servicios se unen a la cola de retrasos, por lo que la situación se agrava todavía más.

Todavía falta la segunda parte del trabajo, enviar al perito a contabilidad las pérdidas reales en cada incidencia presentada con solicitud de indemnización. Teniendo en cuenta el vasto área que se debe abarcar y la gran cantidad de casos ocasionados por el temporal, el trabajo de las aseguradoras para fin de año va a ser uno de los más intensos en mucho tiempo.

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Según datos de ICEA, 21,1 millones de personas respecto a los 46,8 millones de residentes en España, cuentan con alguna de estas pólizas, el 45% de la población.

Uno de los datos más curiosos es que, aunque como es natural y lógico la mayoría de inhumaciones se producen en la misma localidad del fallecido, hasta un 30% requiere del servicio de traslado a otra localidad dentro del mismo país, en concreto se solicitó en 74.693 casos. Además, se registró una cantidad de 527 personas, cuyo fallecimiento se produjo en otro país y tuvieron que ser repatriados a España.

Es también un hecho probado el carácter familiar e intergeneracional de estos seguros, lo que implica que la mayoría de familias, independientemente de hijos, padres, nietos o abuelos, realiza la contratación con la misma aseguradora.

Igualmente puede parecer lógico que, cuanto más se avanza en la edad, mayor número de personas contrata este tipo de seguro. Sin embargo, 2015 ha mostrado un descenso en el porcentaje de personas que lo contratan desde los 75 años en adelante.

El informe también presenta las Comunidades Autónomas en las que se refleja una mayor cantidad de contrataciones de este seguro. En España la primera posición se la lleva Extremadura, donde el 67,6% de la población lo tiene contratado. Asturias (62,9%) y Andalucía (59,9%) son las inmediatas perseguidoras en el ranking.

Las Comunidades Autónomas con menor porcentaje de este tipo de seguro corresponden a Baleares (21,2%), Navarra (21,8%) y La Rioja (27,7%). Lo más curioso es que precisamente estas regiones en España son también las que mayor crecimiento han experimentado a lo largo del año en número de contrataciones, reflejando de esta forma un estado óptimo del sector. Las únicas regiones con signos localizados de descenso en las contrataciones corresponden a Andalucía, Comunidad Valenciana y Ceuta.

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Estas son algunas de las situaciones en las que las aseguradoras están esforzándose más, para ofrecer coberturas relacionadas a la nueva actualidad:

Los coches autónomos

La conducción autónoma es una de las que más supuestos nuevos está ofreciendo. Si de por sí el sector de la conducción supone una línea de negocio compleja y difícil, la conducción autónoma sólo hace que incrementar las situaciones que requieren de una cobertura impensable hace tan sólo unos años.

Seguros de drones

Los drones están suponiendo ser dispositivos tecnológicos de extremados riesgos, tanto por los componentes de estos delicados aparatos, como también por el peligro que supone un mal pilotaje, para otros ciudadanos y sus bienes materiales (casas, coches).

No hay todavía una regulación asentada, pero el avance imparable de esta tecnología está motivando que sean las aseguradoras las primeras en plantear supuestos que satisfagan a todas las partes.

La economía colaborativa

En la actualidad, muchos sectores comerciales han vivido una revitalización gracias a la economía colaborativa, a menudo vinculada también con las nuevas tecnologías.

Sin embargo, su situación tan al borde de la ley presenta numerosos casos en los que las coberturas necesarias y básicas para los usuarios del sistema no estaban planteadas.

Las aseguradoras tienen por delante un importante trabajo, con el fin de poder dar el servicio que sus clientes necesitan de ellas en este nuevo entorno económico.

Telefonía móvil

Los teléfonos móviles cuentan desde su misma existencia con seguros que han cuberito cualquier daño material que pudieran sufrir. Sin embargo, la realidad actual sobre el sector es muy diferente.

Lo que importa ahora a los usuarios es que tengan una seguridad total con respecto a su información digital, sobre todo cuando cada vez se utiliza más el teléfono móvil tanto para socializar con los demás como para realizar compras virtuales.

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Una vez este objetivo prioritario haya sido cubierto, es el momento de afrontar las consecuencias económicas. Y en este sentido es el sector de las aseguradoras el que se ve más afectado a nivel empresarial.

Tras experiencias anteriores, en la actualidad las aseguradoras tienen diversas formas de afrontar las indemnizaciones derivadas de desastres naturales, ya que si se tuviese que hacer de manera individual, la empresa no podría hacer frente a los pagos y terminaría por cerrar.

Prevención de las aseguradoras

El primer paso es, como no podía ser de otra manera, el de prevención. Por un lado las aseguradoras cuentan con la información meteorológica, pero es a todas luces insuficiente. Este aspecto, no obstante, está mejorando con las nuevas tecnologías, gracias principalmente a la monitorización constante que se está obteniendo a través del uso, sobre todo, de dispositivos móviles.

Del mismo modo, son las propias aseguradoras las que invierten en los lugares de más riesgo, de manera que puedan evitar en la medida de lo posible, que las consecuencias de un huracán sean tan devastadoras. En otras palabras, se intenta minimizar los posibles riesgos.

Cesión de riesgo

Otra práctica habitual es la denominada cesión de riesgo. Consiste en ceder parte de los riesgos existentes por desastres naturales en otras empresas del sector. De esta manera, los beneficios obtenidos en el mercado son menores, pero el riesgo está repartido. Si ocurriera un desastre natural, cada una de las empresas que participan de esta cesión de riesgo tendría que aportar su parte correspondiente.

Bonos catastróficos

Los denominados bonos catastróficos consisten en bonos de coste fijo, que son adquiridos por inversores privados y cuyos beneficios dependen del riesgo que quieran tomar ante probables accidentes de este tipo. Si los desastres naturales suceden, deben ofrecer su cobertura correspondiente, minimizando así las pérdidas de la aseguradora. Sin embargo, si no ocurre ningún desastre natural, el inversor consigue un importe fijo de beneficios constante.

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El motivo de esta reducción es que se considera que la mayoría de casos planteados a las aseguradoras pueden cumplir este plazo, por lo que en busca de una mayor transparencia con el asegurado, las compañías prefieren fijar un plazo más realista.

En todo caso, tal y como han confirmado responsables de esta campaña, hay casos que obligatoriamente requerirán un plazo mayor para conseguir la resolución, que serán directamente notificados a los clientes para que lo tengan en cuenta, así como para informarle de qué plazo estimado podrían requerir, uno por uno.

Menos casos en vías judiciales

No es la única medida que se ha planteado adoptar a corto plazo. Otra también muy importante consiste en la motivación de reducir en un 30% los casos que llegan a vías judiciales, aprovechando facilidades alternativas y que permitan una resolución extrajudicial, de manera que consecuentemente también se podría reducir el plazo requerido para ese objetivo.

Los próximos años, el sector de las aseguradoras se plantea continuar con medidas tanto generales como puntuales, con las que acercar de la mejor manera posible todo el sistema a los asegurados.

Entre estas medidas destaca por ejemplo la simplificación de las pólizas en lo referente al lenguaje utilizado, algo que afectará también a los contratos comerciales y que en muchas ocasiones es motivo de desconfianza por parte de los clientes, al no entender al completo lo que se les plantea contractualmente.

Por otro lado, se busca motivar medidas emprendedoras con el fin de innovar en el sector, en busca con ello de una mayor estabilidad económica en un futuro a corto plazo, que puedan reflejar resultados en los próximos años.

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Para conseguir realizar de forma fiable este análisis y posterior evaluación, la metodología más común hasta la fecha es la inclusión de un sistema de monitorización externo, normalmente un dispositivo electrónico que puede captar ciertos ademanes y acciones por parte del conductor y que, posteriormente, son analizados para identificar una buena o mala conducción.

En este sentido, tanto conductores como aseguradoras parecen haber encontrado un equilibrio que contente a ambas partes, dado el importe final del seguro de coche se adapta específicamente al tipo de conducción, algo que elimina los estándares de seguros de importe fijo y hace del sistema un reparto más justo del pago por el servicio.

Sin embargo, las start ups han demostrado que el sector de la monitorización siempre tiene un margen de mejora, sobre todo con los desarrollos en nuevas tecnologías. Por esa razón, en la pasada VI Conferencia Anual de Seguros para Coches Conectados, que tuvo lugar el 7 de septiembre en Chicago (Estados Unidos), se establecieron las bases de relaciones comerciales entre start ups especializadas en este servicio y aseguradoras dentro del sector del motor, que pueden aprovecharlas para un mejor análisis de todos los factores que intervienen en los resultados finales.

¿Hacia dónde va la conducción monitorizada?

Las nuevas tecnologías y, en concreto, el desarrollo de Internet, con vistas hacia el Internet de las Cosas, exponen la posibilidad de que todos los coches en el futuro estén interconectados entre sí y con el entorno, así como con centros de datos que aprovechen esa información y puedan permitir mejorar las condiciones de conducción.

Esto posibilita una monitorización a través de dispositivos externos e integrados dentro del propio sistema informático del coche, con los que obtener en tiempo real datos fiables del tipo de conducción que se está realizando. Con ello se espera un análisis sin fisuras de cómo cada persona conduce y trata su coche y, en consecuencia, las aseguradoras podrán establecer un importe a amortizar en función de cada tipo de conducción.

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La noticia tiene más importancia todavía, cuando los datos reflejados por los registros de las aseguradoras, nos confirman que la oleada de robos acaecidos recientemente en la zona de Asturias se trata de una situación excepcional, porque de hecho esta Comunidad Autónoma es de las que menos registros de robos ofrece.

El estudio de Unespa nos permite identificar las Comunidades Autónomas con mayor probabilidad de que se produzca un robo y, por tanto, que se comunique tal suceso a la aseguradora con el fin de cubrir las cláusulas contratadas con ella por estos hechos. Son las siguientes zonas:

• Madrid
• Cataluña
• Murcia
• Comunidad Valenciana

Igualmente, el informe también identifica las Comunidades Autónomas donde este riesgo es menor:

• Navarra
• Galicia
• Asturias
• Castilla y León

El informe que aprovecha los datos de las aseguradoras en España confirma así la relación entre la densidad de población y las posibilidades de sufrir un robo en primera o segunda vivienda, pero también nos indica el valor sustraído de los mismos.

En la mayoría de los casos el robo no supera los 1.000 euros, mientras que en la media más alta alcanza los 1.500 euros y aquí también vemos diferencias proporcionales en cuanto a las zonas geográficas donde se producen los robos de mayor cantidad de dinero.

Por último, el informe también identifica las épocas del año más propicias, siendo los meses de enero, febrero y marzo los que registran más hechos de este tipo, así como también el mes de agosto, sobre todo por el turismo nacional, que motiva un crecimiento importante de viviendas vacías durante un periodo relativamente largo, una oportunidad potencial que provoca que el número de robos durante este mes sea también más alto.

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Además del impacto social que supone una cifra de fallecidos tan grande, la corporación financiera Fitch Group también ha valorado las consecuencias económicas para las aseguradoras tras este suceso.

Sorprendentemente, las valoraciones iniciales del impacto que puede suponer para las aseguradoras la amortización de los seguros principalmente por daños, ubican el importe final en una horquilla de entre 100 y 200 millones de euros, una cifra considerablemente pequeña, teniendo en cuenta el desastre acaecido.

La razón de que la cifra final se sitúe a estos niveles se encuentra precisamente en la baja densidad de población asentada en Amatrice, algo que habría sido muy diferente de tratarse de una ciudad con población media actual. Al mismo tiempo, se considera que la cobertura de seguro en la región era muy limitada, por lo que también este hecho es significativo con respecto a las consecuencias económicas del terrible terremoto.

Por tanto, se considera que lo acaecido en Amatrice no tendrá un impacto importante en los balances anuales de las aseguradoras, ni tampoco en el crédito disponible, pero sí queda por plantear qué habría sucedido tanto social como económicamente si este desastre hubiera tenido lugar en una gran urbe.

Por lo que respecta a la administración pública, el gobierno italiano ha destinado una cantidad de 50 millones de euros para cubrir los primeros auxilios en la zona afectada y se ha declarado el estado de emergencia bajo financiación estatal de los servicios y el personal destinado a la región. Gracias a que el Gobierno se ha volcado también en estas tareas con dinero público, el impacto que afectará a las aseguradoras también se ha visto minimizado en parte.

Diferenciando entre sectores de aseguradoras, la propia financiera ha identificado un coste mayor para las reaseguradoras de hasta 120 millones de euros y de hasta 80 millones de euros en lo que se refiere al rango de aseguradores primarios.

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