Los drones conforman un sector tecnológico en imparable auge, que está encontrando importantes obstáculos en la normativa legal para poder extenderse a la velocidad que desearía.
A la luz de los últimos hechos, las aseguradoras podrían conformar el futuro de esta tecnología, en cuanto a uso profesional y personal se refiere.
Para ello se está planteando una aplicación normativa respecto al seguro que debe llevar un dron, similar a la que se utiliza en los vehículos actuales.
De esta forma, una de las medidas a imponer sería la obligatoria obtención de un seguro de protección civil básico a terceros. Con esta medida, el usuario podría adquirir la cobertura necesaria para que, en caso de que un dron golpee a otro dron o persona, la aseguradora interceda en el pago de daños o indemnización.
Licencia de piloto de drones
Una de las consecuencias de esta medida es que los usuarios, ya sea por su trabajo o de manera personal, necesitarían sacarse un carnet de piloto de drones. Dadas las características actuales sería un único carnet, pues no hay tantas tipologías de estos dispositivos como sucede con vehículos.
Del mismo modo, las aseguradoras valorarían el coste de cada seguro en función del modelo y prestaciones del dispositivo asegurado, exactamente igual que como sucede con los seguros de vehículos.
Caso práctico: México
México es uno de los países que normativamente más está avanzando en el sector y que, además, está aplicando unos costes asequibles y lógicos..
El país recientemente publicó la normativa sobre el uso de drones, desde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), responsabilizando directamente al operador de dicho dron en caso de accidente o por provocar cualquier tipo de daño.
Los seguros que se están comercializando equiparan el precio del coste del dron con lo que el usuario debe amortizar. En el mercado mexicano un dron puede costar aproximadamente lo mismo que la media en países europeos, unos 500 euros por dispositivo.
Por lo que respecta a la cobertura, una a terceros básica podría cubrir hasta 24.000 euros por responsabilidad civil.
