Las aseguradoras ven futuro en las pólizas frente a cyberataques

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El problema de los cyberataques está siendo creciente durante los últimos años. El mayor inconveniente es que los ataques están afectando cada vez más a empresas de diferente tipología y tamaño, viéndose así en peligro tanto PYMES como grandes multinacionales.

Uno de los motivos más importantes es la transformación digital, que cada vez está más presente en las empresas actuales, gracias a que la tecnología necesaria para ello es más accesible que nunca.

Esta transformación obliga a adoptar nuevas metodologías tecnológicas que están en riesgo de los cyberataques, cuya elaboración también ha evolucionado.

Al depender de un almacenamiento de datos digital creciente y variable, además de volcar los servicios a los usuarios cada vez más en estos entornos virtuales, las empresas dependen económicamente de la salvaguarda de esta información. En este sentido un cyberataque es mucho más dañino que antes, dado que supone la supervivencia del negocio, cuando no pérdidas millonarias en caso de que usuarios no autorizados accedan a ella.

Las aseguradoras, por tanto, consideran que la protección de esta información y la consecuente indemnización en caso de cyberataque van a triplicarse en forma de servicio asegurador durante los próximos años, convirtiéndose así en uno de los modelos de negocio del sector más rentables.

Los retos sin embargo siguen existiendo. Por un lado hay que identificar el valor de la información existente y qué consecuencias acarrearía la pérdida o sustracción de la misma, en función de coberturas equitativas.

Esto podría motivar la existencia de seguros contra cyberataques diversificados en función de la empresa, del valor de la información y del tipo de sector al que pertenece, algo similar a lo que sucede con los seguros de coche.

Igualmente, es bastante lógico que las aseguradoras exijan diferentes prevenciones por parte de la empresa que contrata el seguro. Por esa razón, la contratación de coberturas contra cyberataques tendría vinculada la inversión en protección de la infraestructura digital existente, unas medidas económicas que podrían suponer una dificultad añadida para la expansión del sector.

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